Referentes del Grito

Padre Obispo Miguel E. HesayneBernardo Hughes


Las organizaciones sociales, la política y el Estado PDF Imprimir E-mail
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Romero, Alejandro
Sábado, 10 de Noviembre de 2012 22:32

Por:

Alejandro Romero

Grito de los Excluidos Argentina; CESS (Centro de Estudios Socioecómicos y Sindicales: director del depto.de Filosofía Política)

Primera parte: el eje dilemático

A lo largo de los días 3,4 y 5 de noviembre tuvo lugar en Buenos Aires, en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una reunión sudamericana de dirigentes de la organización de nivel continental El Grito de los Excluidos.

            El intercambio de experiencias, de diagnósticos y de análisis entre los dirigentes del Grito tuvo como ejes principales la evaluación de la situación en la que se encuentra el movimiento social en los distintos países de la región, y la posición de dicho movimiento en relación con los distintos gobiernos.

            En obsequio a la brevedad, y dado que no trato con este comentario de hacer una presentación acabada del encuentro –tarea que asumieron otros compañeros- sino de llamar la atención sobre algunos aspectos que considero estratégicos y principales, no voy a referirme a la relación entre los movimientos sociales y los gobiernos conservadores y antipopulares actualmente existentes en Sudamérica. Dicha relación es, como lo fue siempre, de resistencia, de reclamo y de inequívoca e indiscutida oposición. Lo que me interesa reseñar, en cambio, es la reflexión que la reunión del Grito suscitó acerca de la relación conflictiva, ambivalente, compleja y contradictoria que los movimientos y las organizaciones sociales populares mantienen con los gobiernos de corte progresista, popular y nacional/regional. Los gobiernos preocupados por temas tradicionalmente llamados “de integración y desarrollo social y económico” y de ampliación de la democracia política.

            En términos generales, puede decirse que las organizaciones populares, sociales y sindicales, que forman parte del movimiento social en América del Sur sostienen con los gobiernos de corte nacional-popular-“desarrollista” (aun siendo ésta una denominación genérica y no muy precisa, dado que pasa por alto importantes diferencias y especificidades) una relación que combina en dosis diferentes según el grado, el sector y la circunstancia, un decido y militante apoyo a sus orientaciones, sus trayectorias y sus logros en lo que a integración social y apoyo a las reivindicaciones populares se refiere, con una a veces desencantada y a veces lúcida crítica, distanciamiento y descontento –ligado a reclamos y exigencias-  respecto de lo que consideran son las deudas de estos gobiernos en algunos frentes importantes: a) la transformación de la estructura social y productiva; b) la democratización más participativa del poder político y de la riqueza social; c) la reformulación del modelo de desarrollo, de modo que resulte de ello un modelo sustentable ambiental y socialmente en el largo plazo, y a nivel continental.

Voy a comentar un poco cada una de estas grandes áreas para que se comprenda mejor la orientación de las críticas que los compañeros del Grito realizaron a lo que consideran son las principales insuficiencias de las gestiones de presidentes tan disímiles como Chávez, Correa, Morales, Lula y luego Dilma, Néstor y luego Cristina Kirchner, e incluso, aunque es aun muy temprano para hacer balances y definir una orientación clara, Humala.

  En cuanto al punto a), el de la transformación de la estructura productiva y del modelo de acumulación, lo que se señaló repetidas veces es que si bien estos gobiernos avanzaron con fuerza, decisión y éxito en la reducción de la pobreza y la miseria, en la mejora de la educación, en lograr un alza sostenida de los salarios reales y una mejora en la condición de los pasivos (jubilaciones y demás), dando con ello un primer y decisivo paso en la construcción de proyectos nacionales –y de un proyecto sudamericano- orientado a la integración social más igualitaria; al mismo tiempo, mantuvieron la desigualdad en la distribución del ingreso en cotas similares –a veces peores- a las que existían cuando iniciaron su tarea; mantuvieron la concentración del capital, en los distintos sectores, en cifras parecidas o incluso mayores a las que eran comunes cuando asumieron (predominio de la industria de capital concentrado, muy a menudo transnacional, por sobre la pequeña y mediana empresa), y no transformaron esencialmente el modelo de acumulación en sectores clave como, por ejemplo, el agro (modelo de expansión de la frontera agrícola a manos del capital concentrado y para beneficio de la agroindustria dedicada a soja y biocombustible en detrimento de la sustentabilidad ambiental y de la agricultura familiar y de producción de alimentos para consumo humano directo) o la minería (que tantos conflictos ha generado y genera en países como Argentina, Ecuador o Perú mismo), llegando incluso, salvo en el caso emblemático de Argentina, a entrar en un proceso de reprimarización de sus estructuras productivas (escribimos que el caso argentino es emblemático porque uno de los puntales del programa del actual gobierno es, precisamente, la reindustrialización, la agregación de valor y la rediversificación de la matriz productiva argentina, metas en las que avanza lentamente, pero con relativa consistencia). En este mismo sentido, se consideró problemática –necesaria pero a la vez limitante o contradictoria- la voluntad que muestran las políticas de los actuales gobiernos populares-nacionales en apoyar los intereses del capital, e incluso del gran capital concentrado, dirigiendo el proceso de desarrollo hacia un horizonte neta y convencionalmente capitalista, dentro del cual los sectores populares no podrían tener –como siempre- sino un papel y un lugar subordinados.

Esta crítica pone a los movimientos sociales y sindicales ante un dilema político que voy formular en los siguientes términos: oponerse y reclamar (como se ha hecho, por ejemplo y con fuerza, en el caso de la minería), trabando así un conflicto a veces más contenido y a veces más abierto con los propios gobiernos cuya orientación general apoya (y que son –por otra parte- combatidos encarnizadamente por las fuerzas sociales y políticas conservadoras y reaccionarias que representan a los sectores privilegiados y que encarnan proyectos antipopulares y, a menudo, neo-coloniales) y dejando a esos gobiernos la iniciativa de encontrar rutas o proyectos o modelos alternativos; o bien articularse en el seno del movimiento social, aprendiendo a gestionar y negociar de modo convivencial y convergente nuestras diferencias, heterogeneidades y distanciamientos propios, y, además de resistir y oponerse, elaborar desde el seno mismo del movimiento social propuestas alternativas de “desarrollo”, que asuman el desafío de pensar el posible papel económico, social y funcional (dentro de la estructura y la dinámica de producción/reproducción) que juegan los sectores en conflictos. Que asuman el papel de pensar no sólo lo sectorial y situado de las reinvindicaciones de cada sector, sino la totalidad y la complejidad nacional, policéntrica y polivalente, de las que todos formamos parte con y desde nuestras diferencias, y de la que todos dependemos. Este segundo camino implica múltiples desafíos que comentaré más adelante porque fueron motivo de algunas de las conclusiones que sacamos en la reunión del Grito. 

En cuanto al punto b), el problema de la participación, el diagnóstico fue convergente en cuanto a señalar los límites del modelo representativo tradicional. Por una parte, señalando críticamente la relativa independización de los compañeros que llegan a la función pública respecto de las organizaciones de base e incluso de los sectores de los que provienen. Los compañeros son tomados por las exigencias –y a veces seducidos por las ventajas relativas- de sus cargos en los aparatos del Estado, y muchas veces terminan actuando no sólo a espaldas sino también contra los “mandatos” implícitos y explícitos de las organizaciones y los sectores que los impulsaron o a los que pertenecieron. Otro punto motivo de críticas, relacionado con el anterior pero no idéntico, es el de los efectos de la concentración de poder de decisión en las cúpulas ejecutivas estatales. Esta concentración se muestra por una parte necesaria para garantizar la unidad y la eficacia de la acción de gobierno y, con ella, de la afirmación del proyecto en curso, pero por otra parte va cortando los puentes entre los equipos de gobierno y las organizaciones sociales que articulan las voluntades y los proyectos de la sociedad “civil”, con sus propuestas específicas pero también con sus específicos reclamos. En relación con este aspecto, vimos que la tarea a la que parecen tener que enfrentarse las organizaciones sociales, dada la estructura misma del Estado, y dadas sus funciones de unificación nacional y de mediación con otras entidades nacionales y entre sectores e intereses sociales dentro de cada nación, es no tanto la de organizarse sólo para reclamar y protestar sino sobre todo –sin descuidar la crítica y el reclamo- la de lograr producir la suficiente articulación política y social, pero también de proyectos y propuestas dentro del sector como para imponer a quienes gobiernan la necesidad de prestar atención a la presencia, la acción y las orientaciones del movimiento social y de los sectores populares. Programa que plantea también interrogantes y desafíos que están lejos de haberse analizado suficientemente, ya que las organizaciones sociales son también ellas representantes de intereses heterogéneos y de sectores sociales diversos, y que no sabemos todavía como resolver adecuadamente.

En cuanto al tercer punto, el c), que caracterizamos como discusión acerca del “modelo de desarrollo”, deriva de los dos puntos anteriores y de sus implicaciones. En efecto, la estructura productiva y social de nuestras naciones es hija de décadas –si no de siglos- de historia política, social y económica neo-colonial y capitalista periférica. Los gobiernos populares y nacional-regionalistas a los que nos referimos son todos ellos gobiernos que enfrentaron, pusieron en discusión y trataron de revertir la expresión más extrema que tomó a fin del siglo XX ese neo-colonialismo y  ese capitalismo periférico: el neoliberalismo, que privilegiaba, en nuestros países, sólo a los sectores de capital concentrado –tradicionales oligarquías terratenientes y empresarias, nuevas oligarquías financieras- y, en menor medida, a las clases medias a su servicio –profesionales y comerciales- (entre ambos, no más del 30 o 35% de la población), en detrimento de los demás sectores sociales –entre el 60 y el 70 por ciento-. Por otra parte, tras décadas de “globalización” neoliberal estas naciones y sus gobiernos no pueden reorientar su proyecto y su desarrollo sin tener en cuenta su pertenencia a un sistema mundial (económico, pero también jurídico, y, por lo tanto, de pensamiento) que también las condiciona. En este marco, cuando nos encontramos con el límite que representan el modelo de acumulación, la estructura socio-productiva y los estilos de ejercicio –representativo, partidocéntrico, plutocrático- de la política ligada al ejercicio del gobierno y los aparatos de Estado, lo que aparece como algo a discutir es el concepto mismo de lo que significa, en último término, desarrollo. Es decir, el modelo de bienestar, el tipo de sociedad y el modo de vida, de producción y de consumo que deseamos, que consideramos sustentable y que queremos impulsar, perseguir y construir.

Fue opinión compartida en el encuentro que este modelo de vida, de sociedad y de desarrollo no está en discusión todavía –sino de modo muy marginal y poco radical- en nuestros gobiernos. Pero tampoco, en muchos casos, en el seno del movimiento social. Las metas que nos proponemos en general, tanto en uno como en otro caso, son mucho más inmediatas y corresponden a un clásico modelo de bienestar capitalista de consumo y de protección estatal (un modelo Estado de Bienestar). Sin embargo, todos coincidimos también en que semejante modelo difícilmente sea realizable y sostenible para todos en el mediano plazo, dados el deterioro ambiental y la friccionalidad social que generan y suponen. Siendo así, aparece como necesaria la discusión acerca de qué otro tipo de modelo de vida, de relación o vínculo social, y de modelo de acumulación o estilo de desarrollo queremos. Una discusión a la vez ideológica, económica, social y política, que poco a poco va imponiéndose como una necesidad si queremos, para decirlo en los términos de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, “profundizar el modelo” de inclusión social y económica, de independencia nacional y de desarrollo y diversificación productivas. Creemos que ésta es una de las tareas indelegables del movimiento social y sindical. En expresión de Luis Bassegio: repensar la vida. Y pensamos que es del seno de ese movimiento social de donde pueden salir las propuestas mejor estructuradas al respecto, sobre todo si articulamos en ese “seno” tanto a las organizaciones que nuclean fuerzas y sectores populares –sociales y sindicales- como a las que se componen de productores y transmisores de conocimiento –universitarios y profesionales, por ejemplo-, y de pequeños y medianos “productores”, cooperarios, familiares o tradicionales (empresarios).

Parte dos: el núcleo conceptual

Más aún, si hay una percepción (que es también una idea) que atraviesa de modo transversal a la gran mayor parte de los sectores de la sociedad y de las organizaciones en que sus miembros se referencian y se nuclean, es ésta: el progreso, tal como fue concebido por la modernidad, como progreso técnico-científico y crecimiento productivo, no nos conducirá a un mundo de bienesta vital, ni de paz social, ni de satisfacción existencial. Esa idea de progreso, que todavía late, de modo irreflexivo, en las significaciones imaginarias más planas y comunes de la idea de “desarrollo” económico, es del todo insuficiente y está en una crisis irreversible (de allí la emergencia de distintas corrientes y búsquedas ligadas a la espiritualidad). Seguimos operando con ella porque no tenemos todavía una idea explícita y bien formulada que tome su lugar (otro elemento que explica la proliferación de las búsquedas). No tenemos todavía una versión común, una noción colectiva de cómo, hacia dónde ni con qué superarla. La perspectiva ecológica es, hasta ahora, el marco de referencia más universalizable con que contamos, pero ella nada nos dice sobre las formas adecuadas de lo social y de lo económico; ni nos propone un horizonte claro para nuestros proyectos y deseos cotidianos.

Así y todo, es cada vez más amplio el consenso acerca de que progreso y desarrollo son ideas engañosas por insuficientes. Semejante desarrollo de carácter progresista no tiene en cuenta –esto es claro para todo el mundo- la limitación ambiental, la interdependencia entre especies y de procesos en el seno del planeta Tierra; pero tampoco –sobre esto también hay cierto acuerdo general- la variedad del hecho humano, la heterogeneidad de intereses y de valores entre los seres humanos; ni mucho menos –aquí el consenso no es tan obvio- la desigualdad no sólo económica, sino de distribución de los bienes y las oportunidad culturales, y, sobre todo, en la distribución del poder de deliberación y de decisión (del poder social y político) en las sociedades centradas en el capital y en el Estado: las sociedades que produjeron el mito del progreso y que de él se alimentaron.

Es así que en muy diversos y amplios sectores sociales, aunque de maneras distintas, se percibe que para “mejorar” realmente, para dirigirnos a una sociedad más amable, menos violenta y estresada, más generosa en cuanto a la satisfacción de las necesidades físicas, afectivas, ecomocionales y existenciales de los seres humanos, pero también menos destructiva y más sostenible en lo ecológico y ambiental, no basta con progresar científicamente, ni con producir y consumir “más”, y ni siquiera con lograr que todos tengan acceso al consumo material y cultural necesario –todas tareas pendientes de realización plena en nuestros países, hay que decirlo y subrayarlo-.

Es necesario, en primer término, democratizar profundamente el vínculo social, de modo que ya no haya ciudadanos y compatriotas de primera y otros de segunda (o de tercera: como en los casos de racismo, de xenofobia y de “sexismo”, tan abundantes y estructurales todavía).      Democratización, ésta, que pone sobre la mesa un segundo tema cuyo trato genera agudos conflictos: el de la distribución estructural de la propiedad y la riqueza materiales y culturales, y de los derechos a la propiedad y la riqueza.

En relación con estas dos exigencia, emerge una tercera, complementaria: profundizar la democratización del ejercicio político, asunto del que todos hablamos y que muchos intentamos, pero cuyas exigencias y modos, relacionadas con las demandas anteriores, a casi todos se nos escapan todavía.

Y en cuarto lugar, como fundamento indispensable para la legitimidad de este reclamo de democratización y redistribución, se impone entonces avanzar en una cultura del reconocimiento de los otros, en sus diferencias y alteridad, como otros legítimos y hasta deseables en la convivencia social (lo que también podríamos llamar “integración simbólica”). Un reconocimiento que, como no hace falta subrayarlo, está muy lejos de producirse, y para el que ninguno de nosotros, hijos de sociedades de la dominación, la explotación y la distinción (con su contraparte: la discriminación), está íntegramente preparado (algunos no lo están en absoluto). Un reconocmiento, además, que si tiene que superar su dimensión puramente jurídica y formal para pasar a ser efectivo, para tener efectos prácticos concretos, nos devuelve a la pregunta por las condiciones materiales de posiblidad y de realización de ese reconocimiento; es decir, nos devuelve al tema de la satisfacción de los derechos no sólo civiles y políticos, sino también sociales, económicos y culturales de todos nuestros compartiotas y conciudadanos, de todos nuestros semejantes. El tema que planteábamos antes. Con lo cual, nuestras exigencias se muestran a la vez diferentes (más enfáticamente política unas, fuertemente económica la otra y más íntegramente cultural y social la última) pero inseparables, definiendo las tres dimensiones básicas en que se juega la transformación de una forma de vivir, convivir, hacer y pensar: la económico-material, la socio-cultural y la político-institucional.

Así pues, cuatro temas centrales articulados y de muy difícil elaboración, tanto en la objetividad de las relaciones políticas y económicas, como en la íntimidad de las relaciones directas e, incluso, o quizás sobre todo, en el seno de la subjetividad sintiente, deseante y pensante de cada uno.

Parte tres: Algunas derivaciones en cuanto a metas y prácticas

Si el diagnóstico anterior tiene alguna validez, se desprenden de él algunos interrogantes acerca de metas y tareas pendientes para quienes participamos de las organizaciones populares y sociales. Siempre partiendo de lo expresado por los participantes en la reunión del Grito, pero no sin procesarlo personalmente y sin agregar elementos provenientes de otras experiencias y elaboraciones.

En primer lugar, pienso que tenemos que dialectizar al máximo la concepción que tenemos de la relación entre las organizaciones sociales –y el movimiento social- y el Estado, los partidos políticos y los dirigentes que participan de los aparatos de Estado. El Estado tal como lo conocemos es una estructura que responde a exigencias de unificación, coordinación y organización estratégica y autoritaria (aun cuando opera del modo más democrático) de la vida social y la producción social. El Estado representa y expresa la unidad en alguna medida “general” y por lo tanto “abstracta” (poco sensible a las particularidades y los casos específicos) de un conjunto de comunidades y sectores diversos pero interdependientes, que conforman un todo social –una sociedad- y que trabajan para seguir siéndolo (en parte porque su propia supervivencia, autonomía e identidad depende de ello: de que lo sigan siendo). Esa unidad (general y en alguna medida formal, abstracta), puede ser más equilibrada e igualitaria o tender a privilegiar en mayor medida a unos sectores en detrimento de otros. Pero, como tal, como Unidad y función estatal, no puede expresar y encarnar en cada momento y con la misma fidelidad el conjunto de todas las aspiraciones, las diferencias y las singularides que entran en conflicto. Unifica, articula, coordina; pero, para ello, necesariamente subordina, regula, decide (y por lo tanto deja de lado). Más aún porque sus tiempos –el tiempo de sus acciones y decisiones- vienen impuestos por las circunstancias: no se eligen. Una parte de sus virtudes derivan de este carácter y este poder –esta capacidad-. Pero también encuentra en ello sus limitaciones.

De manera que una de las tareas del movimiento social y de sus miembros –organizaciones y participantes- tiene que ver con asumir que la relación con el Estado (asumiendo que se trata de un Estado poblado por fuerzas que representan intereses mayoritarios, populares, y de independencia nacional/regional) será siempre en parte conflictiva y en parte de colaboración y de asentimiento; nunca el Estado y sus políticas podrán expresar absoluta y plenamente el conjunto de todas nuestras demandas.

Las organizaciones sociales –de todo tipo- seguiremos existiento en la medida en que expresamos el ámbito en que se elabora lo particular. Ahora bien, si queremos tornarnos más potentes y a la vez más lúcidas, no podemos perder de vista esta diferencia esencial que nos separa de la posición de quienes operan desde el Estado, aparato e instituto de lo general. Con lo cual, entre nuestras tareas tiene que estar también la de habilitarnos para pensar lo general, como el Estado, de manera de poder proponer de qué modo la propia particularidad (sectorial o territorial) puede articularse en un proceso, un proyecto y un programa general creíble y serio (es decir, que tenga en cuenta también a las demás particularidades). Dicho de otro modo: por qué camino y según qué programas nuestra particularidad se torna “generalizable” junto a las demás particularidades (o a una proporción importante de ellas) que están en convivencia y en conflicto con la propia. Se trata de colaborar en contestar la pregunta: ¿cómo debe y cómo puede ser lo general para que nuestra particularidad tenga lugar en ello cercenando lo menos posibles, o sin cercenar, sino incluso fortaleciendo, otras particularidades? Lo que implica también distinguir que proyectos, intereses y reinvindicaciones sectoriales –propias y ajenas- son compatibles con una composición lo más amplia posible, y cuáles resultan de entrada exclusivamente excluyentes (éstas últimas definirán, sin duda, el campo de nuestros enemigos).

Esto conduce a la segunda exigencia: habilitarnos para ver, para ser capaces de escuchar y para tratar de comprender y pensar la legitimidad y la forma de las demás particularidades; de los intereses y las posiciones ajenos. Al mismo tiempo, ser capaces de presentar y exponer nuestra propia particularidad de modo que sea accesible, comprensible y en la medida de lo posible asumible y aceptable por parte de otros. Tareas ambas que nos potenciarían también a la hora de articular con otras organizaciones y sectores una fuerza social más poderosa, flexible e integrada. Al mismo tiempo, seguramente nos agregaría capacidad de negociación e influencia hacia los aparatos del Estado.

No me hago ilusiones acercar de lo fácil que pueda ser conseguir las condiciones de posibilidad para desplegar semejante programa, que implica ingentes esfuerzos y la generación de capacidades y disposiciones no sólo de carácter cognitivo –información y conocimientos- sino de tipo emotivo y socio-político (disposiciones “éticas”, de “habitus” y de práctica vincular y política). En este sentido, el trabajo de reelaboración de nuestras propias disposiciones y habilidades, creencias y hábitos de construcción y de acción, tanto vinculares como operativos, debería ser una de las tareas políticas centrales que las organizaciones y sus participantes tendrían que asumir. No sólo formación política y teórica, sino reelaboración de nuestro modo socio-subjetivo de ser, vivir y pensar. Creación de nuevas disposiciones y capacidades. Una acción de cambio no sólo objetiva, sino también vincular y socio-subjetiva. Y una acción no dirigida (no tenemos ningún modelo para ella), sino exploratoria y creativa. Colectiva y compartida. La comunicación y el trabajo conjunto, el compartir experiencias, ideas e instrumentos, cuanto más mejor, puede ser un potenciador importante de este camino.  

 

 

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